Es un órgano interno integrado por servidores públicos cuya función principal es promover la integridad y los valores en el servicio público, prevenir conductas contrarias al Código de Ética y orientar al personal ante dilemas éticos, mediante acciones formativas como capacitaciones y participación en la cultura de honestidad; no es una instancia sancionadora, sino preventiva y promotora de principios como legalidad, imparcialidad, respeto y transparencia.